Ante el reciente asesinato de dos docentes en una preparatoria de Lázaro Cárdenas a manos de un menor de 15 años armado con un fusil R-15, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla volvió a pronunciarse en entrevista en el Congreso del Estado, exigiendo una reforma radical al sistema de justicia penal en Michoacán.
Bautista Tafolla calificó como «inadmisible» que el agresor pueda recibir una pena máxima de cinco años de internamiento tras haber arrebatado la vida a dos madres de familia. «Un asesino es un asesino; se le tiene que aplicar la ley como a cualquier persona», sentenció el legislador, quien propone que los adolescentes que cometan delitos graves como homicidio, violación o secuestro, sean juzgados y sentenciados bajo las mismas reglas que un adulto.
Responsabilidad penal para los padres
Uno de los puntos más polémicos de su propuesta, denominada «Ley Carlos Manzo», es la corresponsabilidad de los padres de familia. El diputado cuestionó severamente la procedencia del armamento de alto poder en manos de menores: «¿Cómo es posible que no se castigue al papá cuando el niño tiene un R-15? El padre debe pagar con cárcel por permitir esa situación o por la omisión en la vigilancia de sus hijos», afirmó.
Al ser cuestionado sobre la gravedad de las sanciones, Bautista Tafolla fue más allá de la normativa vigente en México al declarar que, desde su perspectiva personal, crímenes de esta naturaleza merecerían la pena de muerte. «No es ojo por ojo, es que si estas cosas existieran, yo creo que este adolescente ni siquiera hubiera hecho eso», argumentó, señalando que solo mediante castigos ejemplares se logrará disuadir a otros jóvenes de seguir modelos de conducta ligados al narcotráfico.
Pese a su enfoque punitivo, el legislador también reconoció deficiencias en el sistema de salud mental, señalando que el Estado debe obligar al sector salud a dar atención psicológica de primera mano a los jóvenes para prevenir cuadros de depresión que deriven en violencia. Asimismo, denunció que muchos centros de rehabilitación en Michoacán funcionan como «cunas de delincuentes» y centros de maltrato inhumano, urgiendo a una regulación estricta para evitar que sigan operando como escuelas del crimen organizado.
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Bety Valdés