A 10 de abril 2024.- En una sesión de comisiones del Senado de la República, se ha anunciado la votación de dos dictámenes que han generado preocupación y controversia entre diversos sectores de la sociedad. Estas reformas, de ser aprobadas, podrían representar un grave retroceso en materia de derechos y equilibrio de poderes en el país.
El primero de los dictámenes propone prohibir al Poder Judicial la facultad de suspender leyes, incluso si estas son consideradas inconstitucionales o si suponen un riesgo para los derechos fundamentales de la población. Esta medida, de ser implementada, limitaría significativamente la capacidad del Poder Judicial para salvaguardar el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos.
El segundo dictamen plantea otorgar al Presidente de la República la facultad de conceder amnistía de manera directa e indiscriminada, sin importar la gravedad o naturaleza de los delitos cometidos. Esta medida suscita preocupación en términos de justicia y garantías individuales, ya que podría abrir la puerta a la impunidad y socavar el principio de igualdad ante la ley.
La reunión en la que se discutirían estos dictámenes estaba programada para las 10 de la mañana, sin embargo, se ordenó un receso inesperado, posponiendo la continuación de las deliberaciones hasta las 3 de la tarde. Esta decisión ha generado especulaciones y aumentado la incertidumbre en torno a las posibles implicaciones de las reformas propuestas.

Al respecto, el Senador Damián Zepeda expresó su preocupación ante estas propuestas legislativas, señalando que representan un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho en México. «Es fundamental que se garantice el respeto a la Constitución y se salvaguarde la independencia de los poderes», afirmó Zepeda.
Ante el panorama presentado, diversos sectores de la sociedad han manifestado su rechazo y han llamado a la reflexión sobre las consecuencias que estas reformas podrían tener en el país. La ciudadanía, así como organizaciones civiles y académicas, han instado a los legisladores a actuar con responsabilidad y a velar por el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.
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La decisión final sobre la aprobación o rechazo de estos dictámenes quedará en manos de los legisladores, quienes enfrentan el desafío de ponderar el interés público y el respeto a las instituciones democráticas en su toma de decisiones.