La escalada mortal en las elecciones mexicanas: Alfredo González Díaz se suma a la lista de víctimas
Este fin de semana, la espiral de violencia que ha marcado el proceso electoral en México se cobró otra vida. Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac en la Costa Grande, fue asesinado, sumándose así a una lista ya alarmantemente larga de candidatos que han perdido la vida en circunstancias violentas.
De manera extraoficial, se estima que al menos 11 aspirantes han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral de 2024. Sin embargo, declaraciones de la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, revelaron un conteo más sombrío. Según el INE, se tienen registros de 17 aspirantes asesinados, de los cuales cuatro buscaban cargos de gobernadores o gobernadoras. Con el último suceso, el asesinato de González Díaz, este número se elevaría a 18.
La lista de víctimas es desoladora: desde precandidatos a diputados federales como Alfredo Giovanni Lezama Barrera del PAN en Morelos, hasta aspirantes a cargos municipales como David Rey González Moreno en Suchiate, Chiapas, y Sergio Hueso en Armería, Colima. También figuran nombres como Marcelino Ruíz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano, ambos del PRD en Guerrero, y Jaime Vera del PVEM en Jalisco, entre otros.

Itzel Soto, coordinadora de «Votar entre balas» de Data Cívica, ha destacado que la violencia política en México se concentra mayormente en los puestos a nivel municipal. Señaló que todos los precandidatos municipales asesinados en enero de 2024 eran de partidos diferentes a los que ostentaban el poder en sus respectivas entidades federativas, lo que refleja una lucha por la influencia en los puestos gubernamentales.
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Aunque los ataques no se limitan a un solo partido, Soto advierte que este fenómeno tiende a aumentar durante los periodos electorales debido a la disputa por el control político en municipios, donde los grupos criminales buscan influir en la selección de autoridades para obtener beneficios.
La violencia política, además, está focalizada en ciertas regiones del país, según el historial de casos. Este panorama sombrío deja en evidencia los desafíos que enfrenta México en su proceso democrático y la urgente necesidad de abordar la violencia que amenaza la integridad de la contienda electoral y la vida de los candidatos.